Resistencia15°Min. 12° • Max. 22°

Malvinas: el Gobierno amplió las denuncias e identificó a 27 empresarios y directivos vinculados con las petroleras

Las nuevas presentaciones incorporan dos sociedades de Rockhopper y avanzan sobre Borders & Southern y Desire Petroleum. También individualizan a ejecutivos de Navitas y Eco Atlantic para reconstruir la cadena de decisiones detrás de los proyectos hidrocarburíferos.

El Gobierno de Javier Milei  amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas e identificó a  27 empresarios, ejecutivos y directivos  vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros. Los nuevos escritos a los que accedió  Infobae  incorporan a la investigación a  Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited , y profundizan la pesquisa sobre personas relacionadas con  Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Las presentaciones fueron impulsadas por elcanciller Pablo Quirno, en su condición de autoridad de aplicación de laLey 26.659, con el patrocinio de laProcuración del Tesoro de la Nación, que encabezaSebastián Amerio. Una de ellas amplía la causaCFP 4437/2026, que tramita ante elJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo deJulián Ercolini, para incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyectoSea Lion.

9
El presidente Milei anticipó en la cadena nacional una ofensiva judicial para frenar la explotación petrolera en Malvinas.

Las nuevas acciones constituyen la continuación de una ofensiva administrativa y judicial que Infobae viene anticipando desde principios de septiembre. Primero, el Gobierno puso en marcha procedimientos sancionatorios contra  45 personas y compañías  vinculadas con las actividades petroleras en las islas. Luego agregó otros  15 sujetos , llevando el universo administrativo a  60 personas físicas y jurídicas .

En paralelo, avanzó una primera denuncia penal contra sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por las operaciones vinculadas con Sea Lion. Después, el Gobierno anunció una nueva tanda contra empresas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.

Estos son los nombres de varios empresarios alcanzados por los procedimientos administrativos y reconstruido sus posiciones dentro de las compañías. Entre ellos figuraban Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, de Eco Atlantic, además de David Harry Williamson Dobson, vinculado con Borders & Southern.

Los documentos judiciales conocidos ahora permiten avanzar un paso más. Los seis integrantes de Eco Atlantic aparecen expresamente individualizados en la ampliación de la causa penal y Dobson figura en el escrito correspondiente a Borders & Southern. Pero las presentaciones incorporan además a otros ejecutivos con responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción que hasta ahora no habían aparecido en las nóminas administrativas difundidas.

En total, los escritos identifican a27 personas físicas. Al cruzar esos nombres con los60 sujetosincluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos,16 no figuraban en aquellas listas conocidas.

11
Navitas Petroleum y Rockhopper están a cargo del desarrollo petrolero en la zona en disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido

La diferencia es sustancial: la nueva etapa ya no busca solamente determinar qué empresas, accionistas o proveedores participan de los emprendimientos petroleros, sino establecerquién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quién intervino en la contratación, quién asesoró jurídicamente y quién dirigió o ejecutó las operaciones.

En total, los escritos identifican a27 personas físicas. Al cruzar esos nombres con los60 sujetosincluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos,16 no figuraban en aquellas listas conocidas.

La diferencia es sustancial: la nueva etapa ya no busca solamente determinar qué empresas, accionistas o proveedores participan de los emprendimientos petroleros, sino establecerquién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quién intervino en la contratación, quién asesoró jurídicamente y quién dirigió o ejecutó las operaciones.

Los ejecutivos de Navitas y Eco bajo la lupa

En la estructura deNavitas Petroleum Limited Partnership, la ampliación individualiza aGideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.

La documentación utilizada en la presentación identifica aTadmorcomo chairman; aKatzcomo vice chairman; aKornhausercomo CEO; aRosenbergcomo CFO; aAbramovcomo Vice President General Counsel; aSorekcomo Vice President Subsurface & Operations; y aBernheimcomo Chief Commercial and M&A Officer.Sternbergaparece relacionado conNavitas USA.

Para el Gobierno, la importancia de esas posiciones radica en que abarcan actividades directamente asociadas con las decisiones necesarias para poner en marcha un proyecto de la magnitud deSea Lion:dirección general, desarrollo de negocios, financiamiento, asesoramiento jurídico, operaciones, subsuelo, gestión comercial y fusiones y adquisiciones.

La Justicia deberá determinar, si prospera la denuncia presentada por el Gobierno argentino, si esas personas tuvieron una intervenciónjurídicamente relevanteen las decisiones o actos relacionados con las actividades investigadas.

La presentación agrega otras cinco personas deNavitas Petroleum Development & Production Limited:Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor.

El escrito considera a esa subsidiaria unapieza central de la estructura operativadeSea Lion.Ramseyaparece como CEO yBamfordcomo COO, con responsabilidad sobre la ejecución y operación del proyecto.Armstrongestá asociado al área de subsuelo y exploración;Gvura, a las finanzas; yTaylorfigura como Asset Director deSea Lion, con funciones relacionadas con el desarrollo del activo y el cumplimiento regulatorio y operativo.

En uno de los pasajes más relevantes de la ampliación, el Gobierno sostiene que esos ejecutivos ocupan posiciones vinculadas con"decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas"en relación con las actividades de exploración, desarrollo y futura explotación hidrocarburífera.

La ampliación incluye además a siete integrantes deEco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.:Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.

Los seis primeros ya habían sido identificadosentre las personas alcanzadas por los procedimientos administrativos. La novedad es que ahora aparecen expresamente incorporados al objeto de una investigación penal. A ellos se agregaEmily Ferguson, cuyo nombre no figuraba en aquella nómina.

Holzmanaparece como presidente y CEO yLevincomo CFO. Los demás son mencionados como integrantes del órgano de administración con distintas funciones ejecutivas y no ejecutivas.

El documento explica que su individualización busca determinar"quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones"vinculadas con las actividades petroleras investigadas.

Esa frase resume el cambio de profundidad en la estrategia judicial.

El Gobierno sostiene que la pesquisa debe ir más allá de identificar las sociedades que participan de los proyectos para reconstruir"la cadena concreta de decisiones"mediante la cual esas compañías habrían resuelto avanzar con la exploración, el desarrollo y la eventual explotación.

Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum

La presentación referida aBorders & Southern Falkland Islands LimitedyBorders & Southern Petroleum PLCindividualiza a otras siete personas:Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.

Dobsonya había aparecido entre los nombres difundidos en la ofensiva administrativa. Los otros seis amplían el universo de ejecutivos y técnicos que el Estado pretende investigar.

La particularidad de este escrito es que también ensancha geográficamente la ofensiva. El foco ya no queda restringido aSea Lion.

10
Buena parte de los empresarios alcanzados por las actuaciones del Gobierno integra el directorio o el equipo ejecutivo de Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía vinculada con activos petroleros en Malvinas a través de JHI Associates.

Borders & Southernestá vinculada con la licenciaPL018, donde se encuentraDarwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero ubicado en el área de Malvinas. Según la documentación incorporada por el Gobierno,Borders & Southern Falkland Islands Limitedaparece como operador con una participación del100%en esa licencia.

La presentación plantea investigar cómo se organiza la estructura empresaria, qué sociedades participan y cuál fue el papel de las personas que adoptaron o ejecutaron las decisiones vinculadas con las actividades de exploración y eventual explotación.

De las27 personas físicasindividualizadas en los escritos penales,16 no figuraban entre los 60 sujetosalcanzados por los procedimientos administrativos conocidos hasta ahora.

Se trata deTamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura, Charles Taylor, Emily Ferguson, Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris y Sean Guest.

Los otrosonceya habían quedado alcanzados por alguno de los procedimientos anteriores:Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Jonathan Akiva Sternberg, Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y David Harry Williamson Dobson.

Los propios escritos establecen, sin embargo, una cautela jurídica. La aparición de los nombresno equivale a una imputación automática ni supone que exista responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario.

La investigación deberá determinar cuál fue la intervención concreta de cada uno en la"planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, asesoramiento o supervisión"de las actividades.

La ampliación que tramita ante el juzgado deErcoliniincorpora específicamente aRockhopper Exploration (Hydrocarbons) LimitedyRockhopper Exploration (Oil) Limited.

La presentación sostiene que el avance reciente deSea Lionmodificó sustancialmente el escenario que había dado lugar a investigaciones argentinas hace más de una década.

"La evolución posterior de los acontecimientos permite advertir que aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’", afirma el escrito.

Sobre esa base, el Gobierno considera necesario actualizar el objeto de la investigación e identificar a las personas físicas y jurídicas que intervienen actualmente en la estructuración, administración, desarrollo y eventual puesta en producción del proyecto.

Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limitedaparece relacionada con las licenciasPL032 y PL033y con el área de descubrimientoSea Lion.Rockhopper Exploration (Oil) Limitedestá vinculada conPL003a, PL003b, PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2.

La presentación incorpora además elementos financieros obtenidos del registro societario británico. En relación conRockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limitedmenciona un instrumento de garantía constituido en abril de2015vinculado con el denominadoFalkland Islands Governmenty otrochargeregistrado en diciembre de2025a favor deMacquarie Bank Limited.

La Justicia deberá determinar la naturaleza de esas relaciones contractuales y financieras y su posible conexión con la estructura económica deSea Lion.

Otro de los escritos está dirigido contraDesire Petroleum Limited, anteriormente denominadaDesire Petroleum Public Limited Company.

La empresa tiene antecedentes en la Argentina que se remontan a2012. Ese año, laSecretaría de Energíadeclaró ilegales sus actividades en laPlataforma Continental Argentinay la calificó como clandestina por realizar operaciones hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades nacionales.

En2013, el Estado volvió a considerar acreditado queDesiredesarrollaba actividades sin autorización argentina y sostuvo que la compañía"usufructúa una ilegítima licencia para explorar hidrocarburos en zonas próximas a las Islas Malvinas".

Como consecuencia de esos antecedentes, fue inhabilitada duranteveinte añospara desarrollar actividades en la Argentina.

El nuevo escrito sostiene que la compañía continuó vinculada con licencias petroleras. Según la documentación incorporada, a marzo de2026registraba una participación del32% en PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2; y del 35% en PL005.

A diferencia de las presentaciones relacionadas conNavitas, Eco y Borders, la denuncia contraDesireno ofrece todavía una nómina nominal de ejecutivos. Solicita que la Justicia determine quiénes participaron en la planificación, autorización, financiación, coordinación, dirección o ejecución de las actividades investigadas.

Qué responsabilidades penales busca establecer la Justicia

Las denuncias se apoyan principalmente en los artículos7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en laPlataforma Continental Argentinasin autorización de las autoridades nacionales.

El artículo7prevé penas decinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación, para quien encargue o realice actividades de exploración sin autorización argentina. Para los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala se eleva adiez a quince años de prisión.

El artículo8permite avanzar sobre la eventual responsabilidad de las personas humanas que actuaron dentro de las empresas. Allí se incluyendirectores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizadosque hayan intervenido en los hechos.

El artículo9contempla, a su vez, consecuencias para las propias personas jurídicas.

Los escritos dejan abierta además la posibilidad de investigar eventuales infracciones a laLey de Residuos Peligrososy alCódigo Aduanero, y mencionan como hipótesis sujetas al resultado de la pesquisa los delitos deasociación ilícitaylavado de activos.

El Gobierno también solicita medidas decooperación internacionalpara obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa y plantea la eventual aplicación demedidas cautelares patrimonialessi el avance de las causas reúne los requisitos legales.

La nueva etapa de la ofensiva por Malvinas intenta, de ese modo, avanzar desde el mapa de compañías, accionistas y proveedores hacia el interior de las estructuras empresariales. El objetivo que surge de los escritos es determinarquién tomó las decisiones, quién organizó el financiamiento, quién asesoró jurídicamente, quién dirigió las operaciones y quién intervino en su ejecución, para establecer si dentro deNavitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic, Borders & Southern y Desire Petroleumexistenresponsabilidades penales individualespor las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de lasIslas Malvinas.

Fuente: Infobae. 

Más de soberanía+ Ver todas
Te puede interesar