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Habían comenzado a cobrar 250.000 pesos

El IES Pisarello de Quitilipi pide la restitución de dos porteras

La comunidad educativa advierte sobre la crisis operativa que deja su ausencia en el instituto y denuncia que fueron dejadas sin sustento económico, acumulando además semanas de labor no remunerada.

QUITILIPI (Agencia). La comunidad educativa del Instituto de Educación Superior "Juan José Gualberto Pisarello" continúa gestionando la restitución de las trabajadoras de servicios Sonia Nélida Faustino y Graciela Mabel Alvarenga, quienes fueron dadas de baja de sus becas del Programa de Servicio y Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Educación.

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Graciela Alvarenga y Sonia Faustino fueron desvinculadas tras diez años de labor. La comunidad se unió en gestiones por su continuidad.

Las mujeres se desempeñaban desde hace 10 años en el turno mañana manteniendo el aseo del imponente edificio como refuerzo a los dos únicos porteros de planta con que cuenta la entidad, por lo que contaban con experiencia y conocimiento de espacios, horarios y necesidades cotidianas.

Su sorpresiva desvinculación movilizó a directivos, docentes y estudiantes con la exposición pública del caso y el inicio de gestiones que incluyeron la redacción de un petitorio con cientos de firmas que fue enviado al quitilipense gobernador provincial Leandro Zdero, al intendente Ariel Lovey y al Concejo Municipal, entre otros organismos.

Las listas que pugnan por la rectoría de la casa de estudios también apoyaron la solicitud y últimamente se difundió un escrito rubricado por numerosos vecinos de la comunidad, pidiendo la reincorporación de las mujeres.

"Sentimos profundamente la ausencia de dos compañeras que durante diez años trabajaron en nuestro Instituto en el turno mañana, formando parte de nuestra cotidianeidad y de nuestra historia institucional. Consideramos que su retiro fue injusto y por eso hemos decidido emprender juntos el camino de reclamar su restitución, porque cuando alguien forma parte de una institución durante tantos años, cuando su trabajo deja huellas y cuando su presencia es necesaria, no podemos permanecer indiferentes", fueron algunas de las frases que les dedicaron en la reciente conmemoración del Día del Portero.

"Les quitaron el sustento"

Cabe señalar que Alvarenga y Faustino percibían por sus servicios el irrisorio pago de 150.000 pesos mensuales hasta abril; que se lo aumentaron a 200.000 en mayo y alcanzaron los 250.000 pesos en julio, pero aquella fue la última vez que cobraron sueldo.

La gravedad del hecho también radica en que ambas continuaron trabajando todo el mes de agosto y hasta el 24 de septiembre, momento en que el instituto recibió la notificación de la baja. Es decir que, además, ahora el sistema les debe dinero por servicio prestado.

Desde la dirección se aclaró que no se había recibido notificación alguna en meses anteriores, por lo que se inició un proceso de esclarecimiento sobre el trámite de desvinculación.

"Hay que tener sensibilidad por la dimensión humana, ya que esos ingresos eran el sustento en sus hogares y ahora se encuentran en una situación de penosa incertidumbre económica, más considerando la crisis actual", lamentaron en el instituto.

El Concejo municipal acompaña el reclamo

QUITILIPI (Agencia). La inquietud y el amplio reclamo del IES Pisarello llegó también al Concejo Municipal, donde se aprobó una declaración de acompañamiento tras un escrito redactado por uno de los bloques de ediles.

Entre los considerandos se amplió la situación de Sonia Nélida Faustino y Graciela Mabel Alvarenga, quienes atendían eficientemente los servicios en el edificio de dos plantas y 2500 metros cuadrados cubiertos, con numerosas dependencias, donde concurren diariamente más de 1000 alumnos y casi 100 docentes.

En el pronunciamiento se declaró "de interés" para la comunidad el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del instituto, más la "preocupación" ante la situación generada por la desvinculación de las becadas.

"Acompañar institucionalmente el pedido de la comunidad educativa para que las autoridades provinciales revisen la decisión adoptada. Solicitar al Poder Ejecutivo provincial y a las autoridades educativas competentes que tengan en cuenta las necesidades concretas de funcionamiento de la institución, la trayectoria de las becadas y actual su situación socioeconómica", expresan los principales artículos.

Se agrega además solicitar "respetuosamente" al gobernador Leandro Zdero que arbitre, dentro del ámbito de sus competencias y a través de los organismos correspondientes, las medidas necesarias para revisar la decisión adoptada y evaluar la restitución del vínculo de las trabajadoras.

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