Los datos también son soberanía
La soberanía tecnológica se ha convertido en una cuestión central para los países que aspiran a preservar su autonomía política, económica y cultural en un mundo cada vez más dependiente de las herramientas digitales. Aunque suele presentarse como un asunto puramente técnico, en realidad es un problema político, porque quien controla la información también dispone de una capacidad decisiva para influir sobre las decisiones de una sociedad. En ese sentido, las recientes declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras imponerse en el balotaje, reabren un debate que también interpela directamente a la Argentina.
En su discurso, el mandatario brasileño advirtió sobre la intromisión externa a través de las plataformas digitales y defendió la necesidad de establecer reglas que obliguen a las grandes corporaciones tecnológicas a responder ante la legislación nacional de su país. Asimismo, cuestionó la difusión de noticias falsas y los posibles sesgos algorítmicos que habían sido denunciados durante la campaña electoral. Su planteo pone de manifiesto una realidad preocupante, ya que las redes sociales dejaron de ser simples espacios de intercambio para convertirse en actores capaces de condicionar el debate público y afectar la calidad de la democracia.
Sin embargo, el problema no se limita a la circulación de contenidos; porque abarca también el almacenamiento y el procesamiento de los datos que millones de ciudadanos generan diariamente. Cuando esa información queda alojada en servidores situados fuera del territorio nacional y bajo el control de empresas extranjeras, el Estado pierde capacidad efectiva para decidir sobre recursos estratégicos. En consecuencia, aumenta su vulnerabilidad frente a eventuales conflictos internacionales, restricciones comerciales, interrupciones de servicios o cambios unilaterales en las condiciones impuestas por los proveedores.
En realidad, la soberanía tecnológica no significa aislarse del mundo ni rechazar la cooperación internacional. Significa, más bien, desarrollar capacidades propias para negociar en condiciones menos desiguales y evitar que servicios esenciales dependan exclusivamente de intereses ajenos. La información pública, los registros financieros y los sistemas de comunicación requieren garantías de seguridad, continuidad operativa y protección de la privacidad. Si gran parte de su funcionamiento depende de infraestructuras externas, una decisión empresarial o geopolítica puede comprometer actividades fundamentales para el país.
Frente a este escenario, Lula anunció su intención de promover la instalación de centros de datos, conocidos como data centers, en territorio brasileño, aprovechando la disponibilidad de energía renovable. Además, su propuesta contempla exigir a las empresas tecnológicas que reserven parte de esa infraestructura para almacenar información nacional. La iniciativa busca fortalecer el control sobre los datos, estimular inversiones y reducir la dependencia de plataformas e inteligencias artificiales desarrolladas principalmente en Estados Unidos y China.
A su vez, el presidente brasileño destacó la importancia de potenciar la educación técnica en matemáticas y diversas ramas de la ingeniería para formar profesionales capaces de desarrollar tecnologías propias. Esta dimensión resulta fundamental, porque construir centros de datos sin contar con especialistas, investigación e innovación local no garantiza una verdadera independencia. La infraestructura debe acompañarse de conocimiento, financiamiento sostenido y políticas públicas que vinculen las universidades con el sistema productivo.
En este sentido, nuestro país tiene razones suficientes para asumir el desafío. El país dispone de universidades públicas, profesionales altamente capacitados y una trayectoria científica relevante en sectores como el nuclear, el espacial y el informático. No obstante, esas fortalezas pueden resultar insuficientes si los datos estratégicos y buena parte de la infraestructura digital permanecen bajo control extranjero. Por consiguiente, es necesario impulsar inversiones nacionales, fortalecer los sistemas públicos de almacenamiento y actualizar las normas que protegen la información y garantizan la responsabilidad de las plataformas.
Al mismo tiempo, cualquier regulación debe respetar la libertad de expresión, la privacidad y el pluralismo democrático. La soberanía no puede convertirse en una excusa para la censura ni para la vigilancia indiscriminada. Su propósito debe ser asegurar que las decisiones sobre la vida digital respondan al interés público y estén sometidas a controles institucionales.
La experiencia brasileña invita a reflexionar sobre una pregunta esencial: ¿puede existir una independencia plena cuando los datos, las herramientas y los conocimientos estratégicos dependen de actores externos? Construir soberanía tecnológica exige responder con políticas concretas, educación e inversión. Porque proteger la información nacional no es solamente resguardar servidores, sino defender la capacidad de una sociedad para decidir su propio futuro.
