SAENZ PEÑA (Agencia) La abogada Adriana De Langhe, querellante de los médicos solidarios cordobeses agredidos por el comisario Daniel Melchiori y un grupo de policías expresó, "lo que se lesionó aquel domingo 17 de agosto de 2025 no fue solo la libertad y la integridad de unas personas, fue el derecho a la salud de toda una comunidad".

Hay gestos que definen a una comunidad. Uno de esos gestos es un grupo de médicos, enfermeros y estudiantes que desde hace más de diez años recorre mil kilómetros para llegar y atender gratis. Ellos asistían a familias de Taco Pozo y otros parajes de El Impenetrable. 

Lo sucedido

Según la acusación de la Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos, "cuando los profesionales de la fundación "Todo por Todos" se preparaban para regresar a Córdoba el entonces jefe de la comisaría local, el comisario principal Daniel Augusto Melchiori, vestido de civil y en su auto particular, les cerró el paso y golpeó al conductor de una de las camionetas. Cuatro policías presenciaron la escena y no intervinieron. No conforme con eso, el comisario horas después, cuando los médicos fueron a la comisaría a pedir explicaciones, la doctora María Candelaria García Nebbia, quedó detenida sin orden judicial, sin registro y sin control médico. Eso es lo que hoy se juzga ante la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña. Será la Justicia quien dicte la última palabra sobre las responsabilidades penales" sentencio la abogada De Langhe.

Un silencio atronador 

Al referirse sobre lo sucedido a más de un año las abogadas dijeron "pasaron más de catorce meses. En todo ese tiempo los médicos no recibieron una sola comunicación institucional de la Provincia del Chaco. Ni una disculpa, ni un llamado, ni una nota. Ninguna autoridad se tomó el trabajo de decirles a quienes vinieron a cuidar la salud de nuestra gente que lo sucedido no representa a los chaqueños. Peor aún, el apartamiento del comisario de Taco Pozo no nació de una decisión propia de la Policía del Chaco, sino que llegó después de la intervención de las autoridades de seguridad de Córdoba. Lejos de una sanción ejemplar, el funcionario acusado sigue en actividad y la máxima autoridad policial de la provincia salió públicamente a defenderlo. Cuando una institución calla frente al abuso no es neutral. Elige un lado y el lado que eligió no fue el de las víctimas".

Todavía puede haber una disculpa

"La Justicia hará su parte. Pero el Estado no puede delegar en un tribunal lo que le corresponde como deber político y moral. Todavía está a tiempo de reconocer públicamente el daño causado, de ofrecer una disculpa institucional a los profesionales, de garantizar que quien está acusado de semejantes hechos no ejerza funciones de mando mientras se lo juzga. Esos médicos nos dieron durante años lo mejor de sí y lo mínimo que les debemos es no darles la espalda, el silencio también es una forma de violencia" dijeron las abogadas Adriana y Fiorella De Langhe.

Tras los hechos ocurridos hay daños que no se ven

SÁENZ PEÑA (Agencia) Sobre los incidentes violentos las abogadas Adriana y Fiorella De Langhe expresaron que "los golpes dejan marcas que sanan, lo que no sana tan rápido es la herida en la confianza. Los médicos vivieron la humillación de ser tratados como delincuentes en el mismo pueblo al que dedicaron años de trabajo solidario. Vivieron el miedo, la impotencia, la indiferencia oficial, que es otra forma de agravio".

Asimismo, la profesional sostuvo que "hoy me toca transmitir su indignación y también una pregunta que se hacen con todo derecho, ¿vale la pena volver?. Porque el perjuicio no termina en los médicos agredidos, lo pagan las familias de Taco Pozo y de tantos pueblos del interior que dependen de la solidaridad para acceder a una consulta, a un control, a un diagnóstico a tiempo" .