Una cumbre entre la intrascendencia y los desacuerdos profundos
La cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) se celebró en Santa Marta, Colombia, con participación reducida de jefes de Estado y marcada por tensiones diplomáticas y ausencias notorias.
Entre las ausencias destacadas, el presidente argentino, Javier Milei, decidió no asistir ni enviar al canciller Pablo Quirno. En su lugar, la Argentina estuvo representada por un funcionario de tercera línea, el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, lo que evidenció la escasa relevancia que el gobierno libertario asignó al encuentro.
De los 60 países convocados, 58 participaron, pero solo nueve estuvieron representados por sus mandatarios. Entre ellos figuraron Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), y los líderes de Portugal, Países Bajos, Granada, Guyana, Dominica y San Cristóbal y Nieves. No asistieron, además de Milei, Gabriel Boric (Chile), Claudia Sheinbaum (México), Nicolás Maduro (Venezuela) ni Yamandú Orsi (Uruguay). Tampoco participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reemplazada por su vicepresidenta Katja Kallas. El presidente anfitrión, Gustavo Petro, denunció presiones de Washington para desalentar la participación.
La cumbre concluyó con una declaración conjunta firmada por 58 de los 60 países, en la que se rechazó "el uso o la amenaza del uso de la fuerza", en clara alusión a los bombardeos ordenados por las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que ya causaron unas 70 muertes.
Sin embargo, el texto evitó mencionar directamente a EEUU, el agresor, aunque incluyó críticas veladas tanto a las acciones militares de ese país como a la guerra en Ucrania. Petro calificó los ataques como "ejecuciones extrajudiciales", mientras Lula advirtió sobre el resurgimiento de la militarización y las intervenciones ilegales en la región.
La Argentina suscribió la declaración general, pero rechazó cinco puntos del documento final: el 10 (sobre apoyo al proceso de paz en Colombia y cooperación en seguridad marítima), el 15 (relativo al alto el fuego en Gaza y a la solución de dos Estados), el 18 (que pedía el fin del embargo a Cuba), el 42 (sobre regulación ética de la inteligencia artificial) y el 44 (contra la desinformación y los discursos de odio, en particular de género). Estas objeciones reflejaron la alineación incondicional de Buenos Aires con EEUU e Israel, así como su postura de rechazo a toda regulación en lo tecnológico y en libertad de expresión.
Los analistas destacaron que la Argentina aceptó el punto 17, donde la UE "toma nota" del reclamo sobre las Islas Malvinas, mencionando también su denominación inglesa "Falkland Islands". Esta inclusión, sin objeción argentina, generó críticas internas por considerarse una concesión diplomática a Reino Unido.
Por otra parte, el documento incluyó referencias a la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y de considerar a un latinoamericano como futuro secretario general del organismo, contexto en el que se mencionó la figura del argentino Rafael Grossi, actual titular del OIEA.
La cumbre, que sucedió a la de Bruselas en 2023, estuvo marcada por el bajo perfil diplomático, el distanciamiento de varios gobiernos frente a Washington y el simbolismo de una región fragmentada entre las presiones externas y sus propias divisiones internas. Para muchos analistas, la ausencia de Milei y la actitud argentina consolidaron su alineamiento con EEUU y su aislamiento del eje latinoamericano.
