Carta a quienes reniegan del reclamo universitario

A la comunidad, a quienes debaten en redes y a toda la ciudadanía:
Quienes sostenemos día a día las universidades públicas (docentes, investigadores, administrativos, técnicos y personal de servicios) asistimos con preocupación a un debate que muchas veces se intenta reducir a lo netamente político-partidario. Insistentemente se busca instalar que el reclamo por la Ley de Financiamiento es una pulseada de poder o una defensa de intereses sectoriales. Quienes afirman esto lo hacen, evidentemente, desde el desconocimiento absoluto de lo que significa transitar las aulas o desde la comodidad de pertenecer a sectores que no dependieron de la educación pública para proyectar su futuro.

Resultan dolorosos los discursos que nos tildan de "ñoquis" o "parásitos", intentando instalar la idea de que cobramos un sueldo sin trabajar, cuando la realidad es que la universidad pública funciona porque hay docentes que preparan clases y evalúan, administrativos que gestionan expedientes y títulos, personal técnico que mantiene equipos de altísima complejidad, y trabajadores de servicios que sostienen los edificios en pie. Nuestro trabajo no es invisible; se traduce en cada profesional que se recibe, en cada investigación que se publica y en cada facultad que abre sus puertas todos los días.

La trampa discursiva de moda es la de evaluar a la universidad pública bajo una estricta lógica fiscalista, tratándola como si fuera un gasto ineficiente y descontrolado en lugar de una institución de desarrollo. Quienes trabajamos en las universidades no generamos rendimientos financieros, sino que contribuimos a formar el capital humano científico, técnico y social que transformará el futuro de nuestra nación. Es en ese sentido que afirmamos que cuando el Estado financia la educación superior realiza la inversión más estratégica que una nación puede hacer por su soberanía y su desarrollo.

Es injusto escuchar a personas que nunca pisaron un aula universitaria exigir livianamente cuestiones absurdas como, por ejemplo, que los estudiantes aprueben el 50% de las materias en un único cuatrimestre, desconociendo por completo que la universidad no es la escuela secundaria. Cursar y aprobar una materia requiere una exigencia que no se resuelve con buena voluntad, sino con cientos de horas de estudio, lectura y dedicación que no tienen nada que ver con el ritmo de un colegio. Tampoco es justo repetir con fanatismo que "lo único que tienen que hacer es estudiar", ignorando la realidad de miles de estudiantes que se ven obligados a trabajar y a sostener sus hogares en contextos económicos asfixiantes. 

Hasta circulan estadísticas inventadas que afirman que "'entre el 80% y el 90% de los alumnos no se gradúan". Quienes repiten estos números con tanta ligereza deberían preguntarse con qué lógica los sostienen: si fueran ciertos, el país no contaría con médicos en sus hospitales, ingenieros en sus industrias ni científicos en sus centros de desarrollo. 

También se intenta trasladar la responsabilidad macroeconómica al ciudadano común bajo la consigna de "si quieren financiamiento, digan de dónde van a sacar el dinero". No es tarea de los docentes ni de la comunidad universitaria enseñarle al Poder Ejecutivo cómo administrar el erario; el presupuesto es una declaración de prioridades políticas y el cumplimiento de las leyes vigentes es un deber institucional.

Asimismo, se utiliza como escudo argumentativo el discurso de que las universidades no quieren ser auditadas, lo cual es falso. Se pretende señalar a todas las universidades públicas del país por una disputa legal y técnica que corresponde de manera exclusiva a una única institución, la UBA, que recurrió a la Justicia no para eludir el control, sino para exigir que la audite el Congreso a través de la AGN, tal como lo establece la ley.

La universidad pública no es "gratis", la financia la sociedad entera a través de los impuestos. Impuestos que también pagan los graduados de universidades públicas, lo que genera un ciclo de solidaridad intergeneracional en el que ayer nos tocó ser sostenidos por impuestos de otros y hoy nos toca sostener a otros a través de nuestros impuestos. ¿Por qué dicen que no se devuelve lo que el Estado invierte en los estudiantes? Si acaso es en alusión a que "muchos estudian acá y después se van a trabajar a otros países", al menos deberían mostrar en qué estadísticas se basan para hacer semejante afirmación.  

La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario no es un capricho para hacer millonario a nadie; los sueldos de los trabajadores universitarios están lejos de serlo. Su aplicación equivale al compromiso de una nación por mantener viva una fuente inagotable de oportunidades y movilidad social, para que quien quiera pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su capacidad se lo permitan.
Orgullosa de pertenecer a la primera generación de universitarios de mi familia, escribo estas líneas desde una profunda necesidad de invitarnos a la reflexión, despojando por un momento el debate de los eslóganes políticos de turno y los lamentos corporativos. No busco redactar un pliego de quejas ni convencer a nadie desde el resentimiento; mi mensaje es desde la memoria y los hechos cotidianos de una institución que, antes que un presupuesto, es una fábrica de oportunidades. 

Invito a quienes reniegan de nuestro reclamo a despojarse del fanatismo, a contemplar que las realidades sociales no siempre son una simple cuestión de voluntad y a no dejarse cegar por discursos construidos desde el desconocimiento.

                                             Carina L. Fernández 
      DNI 25961389
      Dra. Ing. en Alimentos
                  Docente, Investigadora y Graduada de la Universidad Pública