La Justicia archivó definitivamente la causa por el préstamo del FMI

   La decisión clausuró la última vía de revisión del expediente, pero puso en el centro de la escena las visitas que dos de los jueces intervinientes hicieron a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante la presidencia de Macri.

   La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo definitivo de la causa que investigaba la negociación, firma y ejecución del préstamo que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. El fallo beneficia directamente al expresidente Mauricio Macri, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y al expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, entre otros exfuncionarios de la gestión de Cambiemos.

   La resolución fue dictada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Con ella quedó cerrada la última instancia de revisión de un expediente que buscaba determinar si hubo delitos en la operación de endeudamiento más importante de la historia reciente argentina: un crédito inicialmente pactado por u$s 50.000 millones y ampliado hasta u$s 57.100 millones.

Qué se investigaba

   La causa se inició a partir de una denuncia por presuntos delitos cometidos durante la negociación y ejecución del acuerdo stand-by con el FMI. Además de Macri y Caputo, la denuncia alcanzó al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a los expresidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, y a otros integrantes de las autoridades monetarias de ese momento.

   Las acusaciones incluían abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos. Uno de los ejes centrales era determinar si el crédito había contribuido a sostener un ciclo de endeudamiento para obtener divisas que luego se destinaran a la fuga de capitales, con un eventual perjuicio para las arcas del Estado. También se cuestionaban aspectos administrativos de la operación y la intervención de los organismos públicos en la toma de deuda.

Por qué se cerró

   La causa había sido archivada en primera instancia por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Luego, la Sala I de la Cámara Federal confirmó esa decisión al considerar que no se habían acreditado conductas que constituyeran delitos penales.

   La fiscalía intentó revertir el cierre y sostuvo que todavía quedaban aspectos por investigar. Sin embargo, el fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, desistió de impulsar la queja del Ministerio Público Fiscal. Según su dictamen, después de una investigación extensa no se había fundamentado una hipótesis delictiva concreta ni se habían propuesto medidas específicas que justificaran continuar con el expediente. Para Pleé, las hipótesis planteadas por los fiscales de instancias anteriores no estaban respaldadas por inferencias lógicas derivadas de las pruebas reunidas.

   Los jueces de Casación también rechazaron la presentación de Antonio Conrado De Martino, un particular que buscaba mantener abierta la discusión judicial. El tribunal consideró que no había acreditado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados y que, por lo tanto, no tenía legitimación para adherir a un recurso ajeno.

   Con esa decisión, el expediente quedó sin una acusación fiscal que sostuviera la revisión del archivo y la causa quedó oficialmente cerrada.

Los jueces y sus visitas a Olivos y la Casa Rosada

   El cierre judicial no puso fin al debate político e institucional. El punto más sensible es la relación previa entre los magistrados que firmaron el fallo y el principal investigado. Según registros de ingreso difundidos periodísticamente por Franco Mizrahi y Roberto Navarro, el juez Mariano Borinsky concurrió a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Macri bajo el argumento, entre otros, de realizar actividades deportivas. El juez Gustavo Hornos, en tanto, registra visitas tanto a la Quinta de Olivos como a la Casa Rosada en ese mismo período.

   Esos datos reavivaron un interrogante institucional: cómo garantizar la confianza pública en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial cuando magistrados que intervienen en expedientes de alto impacto político mantuvieron encuentros privados con una de las partes investigadas. El informe que resume el caso lo plantea como el dilema central que deja el cierre de la causa.

Cierre sin condena ni declaración de inocencia

   La decisión de Casación no implica una condena ni una declaración formal de inocencia: implica que la investigación penal no prosperó y que el expediente quedó archivado en forma definitiva. Macri celebró el cierre, que se suma a otros casos judiciales cerrados a su favor, mientras el debate sobre la actuación de la Justicia en causas de alto impacto político continúa abierto.

   El fallo deja, así, dos planos entrelazados: por un lado, el cierre formal de una investigación sobre una de las operaciones de endeudamiento más relevantes de la historia argentina reciente; por el otro, una pregunta política e institucional sobre la independencia judicial que sigue sin respuesta.