Los riesgos de entregar el cabotaje nacional
La institución gremial llama a los gobernadores del litoral y a toda la sociedad a defender el trabajo argentino, la Marina Mercante nacional y la soberanía.
Desde el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara) rechazamos la desregulación del cabotaje marítimo y fluvial que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Consideramos que se trata de una medida profundamente regresiva que amenaza a la marina mercante, pone en riesgo miles de puestos de trabajo y entrega a capitales extranjeros una actividad estratégica para el desarrollo nacional.
Parafraseando a Manuel Belgrano, cuando un país renuncia a transportar su propia producción, también resigna soberanía económica y capacidad de decidir su futuro.
Por eso, convocamos a los gobernadores del litoral y a toda la sociedad a defender nuestra flota y el derecho de la Argentina a desarrollarse con capacidades propias.
El Gran Rosario, principal nodo portuario agroexportador del mundo, expone con claridad esta contradicción.
Por los puertos nacionales sale una enorme riqueza, pero buena parte de las mercancías se transporta en buques extranjeros y los beneficios se concentran en pocas manos, muchas de ellas también extranjeras.
De esta forma, exportamos producción nacional mientras debilitamos nuestra capacidad de transportarla y generamos una salida de divisas por servicios que podríamos brindar con una flota propia.
Potenciar la Marina Mercante es crear trabajo, conservar nuestras riquezas nacionales y poner la logística al servicio de la producción y el desarrollo federal.
Como advertimos reiteradamente desde Siconara las consecuencias de una apertura irrestricta del cabotaje nacional trascienden ampliamente a nuestro sector y amenazan el entramado productivo de las provincias del litoral.
Resulta ser así que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo, las economías regionales, las empresas vinculadas con la actividad y el desarrollo de las comunidades portuarias.
La experiencia de las políticas desreguladoras de los años noventa ya nos mostró el costo de destruir capacidades nacionales en nombre de una supuesta modernización.
Si la bandera argentina ha perdido competitividad frente a otras de la región, la solución no es liquidarla, sino corregir las condiciones que la colocan en desventaja.
Esa responsabilidad es, ante todo, política, ya que la presión tributaria y los costos que afrontan nuestras empresas —superiores en comparación a los países vecinos— son consecuencia de un esquema económico que debe revisarse.
La competitividad no se construye renunciando a nuestra flota, sino con políticas que permitan fortalecerla, generar empleo argentino y poner la Marina Mercante al servicio del desarrollo nacional.
Tampoco es cierto que abrir irrestrictamente el cabotaje sea indispensable para garantizar el transporte de las cargas. La legislación vigente permite recurrir a buques extranjeros cuando no hay embarcaciones argentinas disponibles.
Según el relevamiento de Siconara sobre los registros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, desde 2018 se contabilizan 540 solicitudes de excepción y más del 98% fueron otorgadas.
El mecanismo ya existe y permite atender necesidades concretas sin abandonar la protección de la bodega nacional. Una excepción para resolver una ausencia puntual no puede convertirse en la excusa para entregar todo el mercado.
La seguridad de la navegación y la protección ambiental también deben ocupar un lugar central en esta discusión. El reciente accidente del remolcador paraguayo Tío Jan, que impactó contra una defensa del puente General Manuel Belgrano, debe investigarse rigurosamente.
Sin anticipar conclusiones, el episodio vuelve a poner de relieve la importancia de los controles, la formación profesional y las responsabilidades en nuestras vías navegables…
No podemos permitir que la reducción de costos se imponga sobre la seguridad de los trabajadores, las comunidades y el ambiente.
A los gobernadores del Litoral les decimos que los ríos también son territorio nacional.
Las Islas Malvinas son argentinas y defender nuestra soberanía exige coherencia en cada rincón del país. No podemos reclamar la integridad territorial mientras debilitamos nuestra presencia y capacidad de navegación en los ríos que conectan nuestras provincias y sostienen su producción.
Ceder el control económico y estratégico de las vías navegables es resignar una parte de la soberanía nacional en el sentido literal de la expresión.
Junto con todos los gremios marítimos, desde Siconara impulsamos el Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (Retcan) como una alternativa para fortalecer la actividad.
No afirmamos que sea la única respuesta, pero sí que debemos discutir soluciones que recuperen capacidades nacionales, generen empleo y fortalezcan nuestra flota.
Convocamos a las provincias, los trabajadores, las empresas y los legisladores a construir una política de Estado que procure el desarrollo nacional.
La Argentina necesita una Marina Mercante fuerte para transportar su producción, integrar sus regiones, reducir la dependencia de servicios extranjeros y convertir su riqueza en oportunidades para su gente.
No aceptamos que, en nombre de una supuesta modernización, se liquide a la Marina Mercante Argentina, se desmantele el aparato productivo y se entregue a intereses extranjeros una capacidad estratégica de la Nación.
Desde Siconara convocamos a los gobernadores y a toda la sociedad a defender el trabajo argentino y una flota nacional al servicio del desarrollo.
Porque no hay desarrollo federal sin trabajo argentino, no hay independencia económica sin soberanía logística y no hay soberanía plena si renunciamos a navegar nuestros propios ríos y mares.
(*) El autor integra el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina.
