¿Puede pasar en Argentina lo mismo que ocurrió en Paraguay?
Ueno Bank en Paraguay tenía casi tres millones de clientes, buenas calificaciones y una de las morosidades más bajas del mercado. Siete meses después, su solvencia no llegaba a la mitad del mínimo legal. ¿Qué falló en Paraguay y cómo funciona el sistema de control en nuestro país?
Lo ocurrido con Ueno Bank en Paraguay deja una pregunta que también les interesa a los argentinos: ¿qué controles existen para evitar que un banco ponga en riesgo los ahorros de sus clientes?
El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay dispuso iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. Los números impresionan: el indicador quedó en 5,56 % cuando la regulación paraguaya exige 12 %, y en marzo el propio banco informaba 15,01 %. La autoridad monetaria informó que, durante las tareas de supervisión, se detectaron operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador y deficiencias que obligaron a revisar los estados financieros.
Las alarmas no sonaron de golpe. El 5 de junio, la Superintendencia de Bancos le notificó a Ueno que había superado el límite de créditos a personas vinculadas. El banco corrigió el exceso en diez días, pero en julio el regulador le pidió incluir más empresas en el grupo de vinculadas y recalcular su exposición; Ueno respondió vendiendo una cartera de créditos, operación que quedó bajo sumario para determinar si encubría financiamiento indirecto. En octubre, el Banco Central le informó al Senado que el desvío estaba corregido y que no había aplicado sanciones. Pocas semanas después, los ajustes a los estados contables se llevaron el capital: más de 1,6 billones de guaraníes según la prensa, y un encaje legal de unos 70 millones de dólares que el banco ya no pudo reponer.
El episodio provocó una crisis que trascendió lo bancario y puso en jaque a la política paraguaya. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo —que antes de su designación había presidido la financiera de la que nació Ueno—, renunció al día siguiente de la intervención. La Fiscalía ordenó detener a ocho directivos, entre ellos el fundador y el presidente del banco, y la Justicia trabó embargos preventivos sobre sus bienes y sobre las sociedades accionistas.
El presidente Santiago Peña, que fue socio del grupo controlador hasta marzo de 2025 (el banco sostiene que nunca fue accionista ni inversor de la entidad), presentó su renuncia el 5 de noviembre; el Congreso no llegó a tratarla por falta de quórum y, al cierre de esta columna, el Senado avanzaba con su juicio político. Sin embargo, para comprender su importancia conviene detenerse en una cuestión menos llamativa, pero decisiva: la solvencia de un banco no depende de su popularidad, de la cantidad de clientes ni de la tecnología que utiliza, sino de la calidad de sus activos y del capital que respalda sus obligaciones.
Hay un dato que vuelve el caso especialmente inquietante. En abril de este año, una calificadora local subió la nota de Ueno y otra mejoró su perspectiva. A junio, el banco informaba una morosidad del 0,6 % y previsiones que cubrían más de tres veces su cartera irregular. Las primeras grietas visibles aparecieron recién en las últimas semanas: Fitch Ratings una de las tres grandes agencias de calificación de crédito internacionales, junto con S&P y Moody’s pasó su perspectiva a negativa por las presiones sobre el capital, cayeron los bonos del banco y Ueno anunció un plan de capitalización de 100 millones de dólares días antes de la intervención. ¿Cómo se pasa de esos números a la intervención en siete meses?
Un banco recibe depósitos y utiliza parte de esos recursos para otorgar préstamos y realizar otras operaciones. Su negocio consiste, en buena medida, en administrar dinero ajeno. Por eso, no alcanza con que tenga fondos disponibles para atender los retiros cotidianos. También necesita un patrimonio suficiente para absorber las pérdidas que puedan producirse si determinados créditos no se cobran o algunas inversiones pierden valor.
Aquí aparece una diferencia fundamental. La liquidez es la capacidad de pagar cuando el cliente necesita su dinero. La solvencia es la capacidad patrimonial para responder por las obligaciones del banco, aun cuando deba afrontar pérdidas. Una entidad puede tener dificultades transitorias de liquidez sin ser insolvente. Pero cuando las pérdidas consumen su capital, el problema es mucho más profundo. En Ueno se vieron las dos caras: primero los ajustes se comieron el capital, y enseguida faltó el efectivo para reponer el encaje.
¿Cómo funciona este control en la Argentina?
En nuestro país, la actividad bancaria se rige principalmente por la Ley de Entidades Financieras 21.526 y por las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La supervisión está a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. El sistema se apoya en varios controles que actúan de manera complementaria.
El primero es la exigencia de capitales mínimos. Los bancos deben mantener un respaldo patrimonial relacionado con los riesgos que asumen. No es lo mismo prestar a un deudor de sólida capacidad de pago que concentrar grandes sumas en operaciones de recuperación incierta. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor importancia adquiere el capital disponible para soportar posibles pérdidas. Hoy el sistema argentino en su conjunto muestra una integración de capital de alrededor del 30 % de sus activos ponderados por riesgo, según el Informe sobre Bancos del BCRA de julio. Es una buena noticia, pero conviene no sobreleerla: es un promedio, y nadie deposita en el promedio sino en un banco determinado. Ueno, recordemos, declaraba holgura de capital pocos meses antes de caer.
El segundo control es la liquidez. Las entidades deben cumplir exigencias de efectivo mínimo y, según corresponda, indicadores que permiten evaluar si cuentan con recursos suficientes para enfrentar salidas de fondos. En términos sencillos, se busca que un banco no tenga todo su dinero comprometido en préstamos de largo plazo mientras sus depositantes pueden reclamarlo en cualquier momento.
El tercero es la calidad de los créditos. Las entidades deben evaluar a sus deudores, clasificar las financiaciones y constituir previsiones frente al riesgo de incobrabilidad. Esas previsiones representan pérdidas posibles que deben reconocerse contablemente, en lugar de presentar como plenamente recuperables préstamos cuyo cobro resulta dudoso.
También existen límites y controles sobre la concentración de riesgos y las operaciones con personas o empresas vinculadas. Este punto es especialmente relevante frente al caso paraguayo: cuando un banco financia a sociedades relacionadas con sus propios accionistas o administradores, la supervisión debe verificar que no se utilicen los depósitos del público para sostener intereses particulares.
Las normas del BCRA sobre «Grandes exposiciones al riesgo de crédito» establecen, como regla general, que la asistencia al conjunto de los vinculados no puede superar el 20 % del capital de nivel uno de la entidad, fijan un tope del 5 % para cada persona vinculada por relación personal y prohíben dar nueva asistencia a vinculados si alguno de ellos no está en situación normal en la Central de Deudores. Pero el caso Ueno enseña que un límite vale tanto como la capacidad del supervisor para saber quién es vinculado: el regulador paraguayo tuvo que exigir que se sumaran empresas al grupo. Las sociedades interpuestas, los préstamos cruzados y las ventas de cartera son las formas clásicas de esquivar el tope sin violarlo en los papeles.
Hay una lección que la ley bancaria, por sí sola, no resuelve: la concentración de fondos públicos. Según la prensa paraguaya, Ueno administraba entre 800 y 850 millones de dólares del Estado, incluidos unos 380 millones del Instituto de Previsión Social, del que dependen los haberes de unos 32.000 jubilados. Cuando la plata de todos se concentra en un banco cercano al poder político, el riesgo deja de ser privado. El debate vale para cualquier Estado, nacional o provincial: dónde y con qué criterios se depositan los recursos públicos.
A estas exigencias se suman los regímenes de información, las auditorías y las facultades del BCRA para exigir correcciones y adoptar medidas ante incumplimientos. La finalidad es detectar los problemas antes de que el deterioro patrimonial resulte irreversible. Y si el deterioro igual llega, la Ley de Entidades Financieras prevé herramientas para que la crisis de un banco no arrastre a sus depositantes: el plan de regularización y saneamiento (art. 34) y la reestructuración del artículo 35 bis, que permite al BCRA excluir activos y pasivos de la entidad en crisis y transferir los depósitos a otros bancos. Ese instrumento, incorporado en 1995 tras el «efecto Tequila», se utilizó en la crisis de 2001-2002. Paraguay, que hoy traslada las cuentas de Ueno a otras entidades, aplica una lógica parecida.
Queda la independencia del supervisor. La designación al frente del Banco Central paraguayo de quien había conducido la antecesora de Ueno fue cuestionada desde el primer día, aunque el organismo sostiene que Carvallo se excusó en todas las decisiones referidas a ese banco. Nuestra Carta Orgánica (art. 8, inc. b) impide integrar el directorio del BCRA a quienes sean accionistas o presten servicios en el sistema financiero «al momento de su designación». Es una buena regla, pero mira la foto y no la película: no prevé un período de enfriamiento para quien acaba de dejar un banco. El caso paraguayo invita a discutirlo.
La Argentina cuenta, además, con un sistema de garantía de depósitos administrado por SEDESA, sujeto a límites y condiciones legales. Desde el 1 de abril de 2026 (Comunicación «A» 8407 del BCRA), la cobertura alcanza hasta $50.000.000 por persona y por entidad. No todo está cubierto: quedan afuera, entre otros, los depósitos de personas vinculadas a la propia entidad y los captados a tasas superiores a las de referencia que fija el BCRA. En Paraguay el tope es de 75 salarios mínimos —228,3 millones de guaraníes, unos 38.000 dólares— y el Banco Central estimó que así quedaría cubierto alrededor del 97 % de los depositantes de Ueno; el problema es el resto y, sobre todo, cuánto demora cobrar. Esa protección constituye una última red de seguridad para determinados ahorristas, pero no reemplaza la obligación de prevenir una crisis bancaria.
Un dato para quien usa billeteras virtuales: el saldo en una cuenta de pago no es un depósito bancario ni tiene la garantía de SEDESA, aunque la normativa obliga a esas empresas a mantener los fondos de sus clientes en cuentas a la vista en bancos. Ese escenario está por cambiar de escala: a fines de octubre, Mercado Pago obtuvo la aprobación técnica de la Superintendencia para su licencia bancaria y aguarda la decisión final del Directorio del BCRA. Si se concreta, el país tendrá un banco digital con más de 25 millones de usuarios. La lección de Ueno no es desconfiar de la tecnología, sino exigirle a ese banco —y a todos— lo mismo: capital genuino, créditos bien valuados y límites estrictos con su propio grupo económico.
La diferencia está en controlar a tiempo
Paraguay y la Argentina poseen normas destinadas a proteger la solvencia de sus bancos. Ambos sistemas contemplan supervisión estatal, exigencias patrimoniales y mecanismos de protección de depósitos. Por eso, sería equivocado sostener que un episodio como el de Ueno resulta imposible en nuestro país simplemente porque existen controles. Vale recordar, además, que la exigencia paraguaya de capital (12 %) es más alta que el mínimo internacional de Basilea: tener un piso elevado no evitó la caída.
La verdadera diferencia no se encuentra únicamente en lo que dicen las leyes, sino en cómo se aplican, qué información reciben los organismos de supervisión y con qué rapidez actúan cuando aparecen señales de alarma.
El caso Ueno muestra que una entidad puede crecer aceleradamente, incorporar tecnología, obtener buenas calificaciones y conquistar millones de clientes sin que ello garantice la fortaleza de su patrimonio. También recuerda que un balance bancario debe reflejar la situación económica real de los créditos y las inversiones, no solamente su presentación contable.
Para la Argentina, la enseñanza es clara: la confianza de los depositantes necesita algo más que aplicaciones modernas, publicidad y buenos resultados comerciales. Necesita bancos capitalizados, créditos correctamente evaluados, balances confiables y una supervisión independiente y oportuna. Y necesita algo más: reglas claras sobre dónde se depositan los fondos públicos y sobre quién puede pasar de conducir un banco a controlarlo.
Porque cuando falla un banco, el problema deja de pertenecer exclusivamente a sus accionistas. Termina alcanzando a quienes confiaron allí sus ahorros y, en determinadas circunstancias, a toda la economía.
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(El autor es abogado especialista. Director del Instituto de Derecho Bancario y Fintech)
