Procesaron a José Luis Espert, acusado de lavado de dinero

   La medida fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli en una causa centrada en los 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado y detenido en Texas, donde aceptó declararse culpable para evitar ser juzgado por narcotráfico.

   El magistrado también procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, con un embargo de 500 millones. El procesamiento no constituye una condena ni define de manera definitiva la responsabilidad del exlegislador.

   Según la resolución, el 22 de enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en su cuenta del Morgan Stanley en Miami, girados desde el Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma que el juez considera un instrumento controlado por la organización de Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en Texas por narcotráfico, lavado y fraude. Luego pasó 50.000 dólares a su cuenta del BBVA en Martínez, los retiró en efectivo y días después pagó 47.800 por un BMW M240i. En 2024 vendió ese auto y compró un Lexus RX 350 con una certificación de origen de fondos firmada por Cosentino que, para el juez, omite deliberadamente el verdadero origen.

   Mirabelli sostuvo que el contrato de consultoría con una minera guatemalteca usado por Espert para justificar el dinero fue "un contrato simulado". Señaló que las obligaciones de Espert eran vagas, que parte del texto copiaba casi literalmente notas periodísticas españolas, que Machado firmó como gerente general sin serlo y que el millón de dólares pactado casi triplicaba la deuda declarada por la minera en 2018. Además, Espert nunca hizo el trabajo, no emitió la factura de exportación y nadie reclamó la devolución del dinero. El contrato fue hallado roto en una bolsa de consorcio en un tacho de basura de la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario.

   El juez también valoró audios de los contadores de Espert, que dijeron que el exdiputado les había mentido sobre el contrato, y una referencia en la transferencia: "for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM". N28FM es la matrícula de un avión que Machado le prestó a Espert en la campaña de 2019. Para Mirabelli, Espert conocía que Machado disponía de bienes y dinero "blancos y negros".

   Espert rechazó las acusaciones. Sostuvo que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado, y que el pago llegó identificable a su cuenta. En agosto pidió su sobreseimiento con una presentación de 141 páginas. La causa se inició en octubre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois, después de que Espert renunciara a su candidatura al conocerse su relación con Machado y el cobro de ese dinero. Días antes del procesamiento, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó dos planteos de la defensa para frenar la investigación.

   La fiscalía federal pidió indagar a la cúpula de la Droguería Suizo Argentina, incluidos sus dueños Jonathan y Emmanuel Kovalivker —presidente y vicepresidente—, en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La solicitud alcanza a otros cuatro directivos de la firma y a representantes de 14 droguerías. También pidió ampliar las indagatorias del exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, de Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian, el empresario Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Génesis.

   En un dictamen de más de 300 páginas, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostuvieron que Suizo Argentina "cooptó" la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según la acusación, la empresa concentró compras de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones totales del organismo, mediante sobreprecios y un esquema de cartelización. La investigación afirma que la firma accedía a información anticipada, intervenía en decisiones del organismo y coordinaba qué proveedores ganarían las compulsas. También habría fijado precios de medicamentos propios y de otras droguerías, llevado un registro de montos y porcentajes asignados a cada proveedor e indicado a qué empresas pagar y a cuáles demorar transferencias. Los fiscales describieron un "doble pacto": con funcionarios que garantizaban información y control de contrataciones, y con droguerías que se ajustaban al reparto de negocios.

   Entre las pruebas mencionadas aparecen archivos de Suizo Argentina que detallaban medicamentos requeridos, firmas adjudicatarias y precios antes del cierre de los procedimientos, datos que luego coincidían con el sistema de compras de la ANDIS. La fiscalía también apuntó al uso de firmas intermediarias como Génesis para simular competencia. Esa empresa pasó de una actividad casi nula en 2023 a recibir adjudicaciones por $34.066 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025; los investigadores la vincularon con Atchabahian.

   Un ejemplo citado es el de un medicamento para esclerosis múltiple. En julio de 2024, el gerente de Tratamientos Especiales de Suizo Argentina habría informado que lo adquiría a $92.000 por unidad y dicho: "[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata". Según la acusación, la ANDIS terminó pagando entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, unas 42 veces el costo informado.

   El dictamen también menciona presuntos sobornos a Spagnuolo. Además del dinero en efectivo detectado antes, Calvete habría financiado un viaje del exfuncionario a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes, hospedaje y atención al viajero; la secretaria del empresario habría intervenido en la organización, incluso en la elección del asiento. También se mencionan pagos de directivos de Suizo Argentina a Calvete por más de US$54.000 durante 2024 sin actividades comerciales legales que los justificaran.

   Desde Suizo Argentina negaron las imputaciones y los sobreprecios. Calificaron las pruebas de la fiscalía como un "relato" basado en comunicaciones atemporales y personas sin vínculo con la firma. Destacaron que la ANDIS era solo uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación se produce en el sector privado.

   El pedido se suma a otros avances: el 22 de septiembre la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 imputados; el 16 de octubre el juez Ariel Lijo volvió a procesarlo por compras de insumos médicos y ortopédicos a través de Incluir Salud. Las defensas de Suizo Argentina habían pedido nulidades que fueron rechazadas por el entonces juez Sebastián Casanello.