Citan a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y a más de 30 vinculados a droguerías

La causa ANDIS investiga en Argentina una presunta red de corrupción, cobro de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. La pesquisa se inició en agosto de 2025 tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en los que se detallaban pedidos de sobornos a laboratorios y droguerías.

El juez federal Ariel Lijo citó como imputados a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, para el 29 de octubre, a las 9:30 y 10:30 respectivamente, y ordenó la inhibición general de sus bienes. La medida respondió a un pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuración de Investigaciones Administrativas, quienes sostienen un esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, influencia en adjudicaciones y contratos con precios elevados que habrían perjudicado al Estado.

La fiscalía afirma que los Kovalivker no solo aprovecharon oportunidades comerciales, sino que habrían intervenido en decisiones de la ANDIS para asegurar adjudicaciones, fijar precios y condicionar las contrataciones. También fueron citados Diego Gerardo Viner, Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, directivos de Suizo Argentina, y más de 30 empresarios y personas vinculadas a droguerías. Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo fueron convocados para ampliar sus indagatorias.

El tramo central abarca de mayo de 2024 a agosto de 2025. En esos 15 meses, Suizo Argentina se habría convertido en la principal proveedora de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI) de la ANDIS, dentro del Programa Federal Incluir Salud. Según registros analizados por la fiscalía, recibió órdenes de pago por más de $137.118 millones. Los investigadores creen que ese crecimiento resultó de acuerdos entre directivos y funcionarios para controlar las contrataciones y fijar valores elevados.

Un punto central es el supuesto control de las compulsas de precios mediante el sistema SIIPFIS: aunque debía comparar ofertas y adjudicar según precios, habría sido usado para simular una competencia previamente acordada. Las droguerías coordinaban productos, valores y adjudicatarios, dando cobertura formal a decisiones pactadas, distribuyendo ventas y sosteniendo precios superiores a los de una competencia real.

La fiscalía denunció cartelización y sobreprecios millonarios, como la venta de Eurit/Cladribina para esclerosis múltiple a la ANDIS con un sobreprecio superior al 4000% respecto de su costo original. Spagnuolo fue procesado y se le amplió la imputación por presuntos sobornos e irregularidades en la compra de insumos médicos y ortopédicos. El expediente también involucra a otros exfuncionarios y, según TN, salpica a nombres del entorno político oficialista mencionados en las grabaciones. Lijo dispuso la inhibición general de bienes de todos los citados para preservar el patrimonio ante un eventual decomiso o responsabilidades económicas.