Siguen los cuestionamientos al fallo del juez Martínez de Giorgi

   El fallo benefició también al empresario Hayden Mark Davis, al lobista Mauricio Novelli, a familiares de este, a Manuel Terrones Godoy, a Sergio Morales, a Julian Peh, a Camilo Rodríguez Blanco y a Orlando Mellino.

   El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Davis creó la criptomoneda y Milei la promocionó en X como una iniciativa "para fondear pymes argentinas". En minutos el precio se disparó y luego se produjo un retiro masivo que provocó su derrumbe. Se estima que unas 40.000 personas perdieron más de US$280 millones, mientras pocas billeteras retiraron cerca de u$s100 millones. La investigación no citó a indagatoria ni completó pericias clave: Taiano demoró y luego cajoneó análisis de chats sobre pagos al entorno Milei y no investigó el destino de todos los fondos. Aun así, pidió sobreseer a todos. Milei borró el tuit y dijo no estar al tanto, aunque luego se acreditó que sus contactos con Davis eran previos y que existía un acuerdo de confidencialidad.

   Martínez de Giorgi sostuvo que los hechos "no encuadran en una figura penal". Sobre la estafa, admitió que la investidura presidencial pudo dar visibilidad al token, pero afirmó que eso no equivale a un ardid defraudatorio ni que la distribución final de ganancias y pérdidas demuestre por sí sola una maniobra fraudulenta. Comparó el mensaje con la presencia presidencial en la inauguración de una fábrica. También descartó abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, apoyándose en informes de la Oficina Anticorrupción y otras dependencias. Además, relativizó pruebas halladas en el teléfono de Novelli y cuestionó el valor probatorio de informes del DATIP por un "ingreso indebido" a documentación reservada.

   El sobreseimiento ocurre después del fracaso de la comisión investigadora del Congreso, cuyos funcionarios citados no comparecieron; esa comisión había señalado responsabilidades políticas pero descartó impulsar un juicio político. Mientras la Sala II de Casación tiene pendiente una apelación de damnificados apartados como querellantes, también pesaron el rechazo de cooperación de EEUU y el fallo de Nueva York que desestimó una demanda civil contra Davis y Kelsier. El CIPCE criticó la decisión como "prematura" y advirtió que consolida un "pacto de impunidad"; sostuvo que el rol presidencial en la difusión del criptoactivo debe debatirse en juicio oral y público y que debe revisarse integralmente el caso para garantizar los derechos de las víctimas.