De la investigación de agrotóxicos a la expulsión del Estado

   (Por ANRed) -La decisión llega después de la suspensión de la difusión de los resultados, el retiro del país del estudio y un sumario administrativo que organizaciones científicas y socioambientales denunciaron como un caso de censura y persecución.

   La resolución 366, fechada este lunes 26 de octubre, impone a Virginia Aparicio la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario del empleo público nacional. La investigadora, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, queda fuera del INTA y del empleo público. La medida cierra, por ahora, un proceso que comenzó cuando los resultados de una investigación sobre agroquímicos debían ser comunicados a quienes habían participado del estudio.

Una investigación aprobada por el Estado

   Virginia Aparicio trabaja desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce. Durante más de dos décadas desarrolló investigaciones sobre plaguicidas, suelos, agua y prácticas para reducir el uso de sustancias químicas en la producción agrícola.

   En 2020, el INTA aprobó su participación en el proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea y coordinado por investigadores de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. La iniciativa reunió a equipos de diez países europeos y Argentina para estudiar la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los animales y las personas.

   Durante 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se analizaron muestras ambientales, agua, suelo, aire y alimentos.

   Los resultados registraron la presencia de distintas sustancias en las muestras humanas y ambientales. Entre los hallazgos difundidos se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas. También se identificaron mezclas de plaguicidas, una cuestión central para comprender las exposiciones que ocurren en la vida cotidiana.

   Estos datos no constituyen, por sí solos, una demostración de que cada sustancia detectada haya causado una enfermedad. El estudio buscaba caracterizar la exposición y aportar información para evaluar sus posibles impactos. Precisamente por eso, la comunicación de los resultados y la continuidad de las investigaciones resultaban fundamentales.

La reunión que no pudo realizarse

    En junio de 2023, cuando Aparicio se preparaba para presentar los resultados a las personas que habían participado voluntariamente del estudio, las autoridades del INTA le ordenaron suspender la reunión. La investigadora tampoco pudo realizar la devolución de los análisis individuales en las condiciones previstas.

   Seis meses después, el organismo resolvió retirar a Argentina del proyecto SPRINT y abrió un sumario administrativo contra la científica. La decisión de apartar al país de la investigación se produjo pese a que la participación había sido aprobada institucionalmente.

   A partir de entonces, Aparicio debió responder por distintas decisiones vinculadas con la coordinación del proyecto. Entre las imputaciones figuraron el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial, la intervención de personas sin autorización institucional y presuntas irregularidades administrativas y financieras.

   La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que el envío de las muestras respondía al protocolo internacional, que los datos de los participantes debían resguardarse y que la financiación provenía de la Unión Europea. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción solicitada.

El sumario y la amenaza de perder su carrera

   El procedimiento se extendió durante casi tres años. La investigadora enfrentó ocho imputaciones administrativas y una sanción que no se limita a la pérdida de su puesto de trabajo: la exoneración la aparta del empleo público y compromete su continuidad como científica en instituciones estatales, incluido el sistema científico en el que desarrolla su carrera.

   En septiembre, cuando trascendió que el organismo avanzaba hacia la sanción máxima, el caso tomó dimensión pública. Organizaciones de pueblos fumigados, sectores de la comunidad científica, sindicatos y organismos de derechos humanos expresaron su rechazo y reclamaron que no se concretara la expulsión.

   Aparicio relató también el aislamiento que experimentó dentro de la institución. En una entrevista con Bichos de Campo describió su situación con una frase elocuente: "Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA".

   La científica tuvo que multiplicar entrevistas y explicar públicamente tanto la investigación como las razones por las que consideraba injusto el procedimiento. Mientras tanto, los resultados del proyecto continuaron circulando en publicaciones científicas internacionales, aunque la devolución institucional a los participantes argentinos había sido interrumpida.

La resolución y los argumentos del organismo

   La decisión adoptada este lunes se apoya formalmente en presuntas infracciones al régimen de empleo público, relacionadas con el uso de las facultades del cargo y la utilización de recursos estatales.

   Entre otros argumentos, el INTA cuestiona la participación de José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de Aparicio, en tareas vinculadas con la conducción y el acceso a datos del proyecto, así como decisiones relativas al envío de muestras para su análisis en el exterior.

   La resolución reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal ni antecedentes disciplinarios de la investigadora. También señala que no se determinó de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. No obstante, el organismo consideró que existieron incumplimientos administrativos suficientes para aplicar la exoneración.

   El sumario también alcanzó a otros integrantes del INTA: algunos recibieron suspensiones y otros fueron eximidos de responsabilidad. La diferencia entre las sanciones y la máxima penalidad aplicada a Aparicio es uno de los puntos que la defensa cuestionó durante el proceso.

   Por su parte, la investigadora había planteado la nulidad del procedimiento y denunciado indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esos planteos.

La ciencia pública perseguida

   Las organizaciones que acompañaron a Aparicio señalaron que el Estado debería utilizar estos resultados para profundizar los estudios sobre exposición a plaguicidas, informar a la población y evaluar medidas de prevención, en lugar de castigar a quien coordinó la investigación.

   La controversia también tiene antecedentes en otros casos de científicos que investigaron los efectos de los agroquímicos, como el del biólogo Andrés Carrasco, cuyo trabajo sobre el glifosato generó fuertes disputas públicas.

   El 15 de octubre, antes de la resolución definitiva, Aparicio presentó personalmente los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. Fue una instancia de exposición pública de una investigación cuya presentación institucional había sido frenada tres años antes.

   Con la exoneración ya dispuesta, el conflicto ingresa en una nueva etapa. La defensa cuestionó la legalidad y proporcionalidad de las medidas y anticipó que recurriría a la Justicia si se confirmaba la sanción. Ahora, la disputa no solo gira en torno a la situación laboral de Virginia Aparicio, sino también al acceso a la información ambiental, la autonomía científica y el papel de los organismos públicos frente a investigaciones que afectan intereses económicos.